La CIDH documenta la crisis de desapariciones

Édgar Velasco 

“México enfrenta una grave crisis de desapariciones y de identificación humana”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirma, con esa claridad, lo que todos los días las personas ven en las noticias, en las redes sociales, al circular por las calles. “Superar esta crisis requiere, entre otros aspectos, la identificación y el desmantelamiento de redes de connivencia con el crimen organizado en las diferentes partes del país, el fortalecimiento de las instituciones estatales y la participación central de las víctimas y sus familias”, añade el organismo internacional en su Informe sobre desapariciones en México, en el que documenta uno de los fenómenos más dolorosos que ha vivido en su historia reciente y que fue presentado en dos ocasiones: primero en Ciudad de México y después en Guadalajara, al ser Jalisco uno de los estados con más casos de desaparición de personas. 

La presentación del informe estuvo a cargo de Andrea Viviana Pochak, comisionada y relatora para México de la CIDH, y Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva del organismo internacional. La actividad tuvo lugar en la Casa ITESO Madero, sede del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia (CUDJ) Francisco Suárez, SJ, y a ella acudieron madres buscadoras y representantes de los colectivos de búsqueda. Enrique González, director del CUDJ, recordó que la casa tiene una relación de mucho tiempo con las personas que buscan a sus seres queridos y aprovechó la presentación para “refrendar este espacio y la labor que realiza el centro. El espacio es suyo para cuando lo quieran utilizar”. 

Marcos del Rosario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Dsoj) del ITESO, dijo que la presentación del informe ocurre “en un momento importante para el país y en particular para Jalisco. México atraviesa una de las crisis más profundas en su historia, la de la desaparición de personas. Cada registro es una persona con nombre, historia, familia”. El académico expuso que, de acuerdo con cifras oficiales, actualmente hay más de 128 mil personas desaparecidas y más de 70 mil cuerpos sin identificación en las morgues del país, lo que es síntoma de “una crisis institucional y de una tragedia humana, social y ética”. 

Del Rosario Rodríguez adelantó una de las ideas que serían expuestas en la presentación: la desaparición es generalizada y no obedece a una sola región del país o a un solo perfil de persona. “Es una crisis relacionada con la violencia criminal; con la participación, tolerancia, apoyo, omisión o connivencia del Estado”, dijo y añadió que “no puede haber Estado de Derecho cuando una persona desaparece sin que haya una reacción institucional”. En el caso de Jalisco, agregó, la crisis “nos interpela directamente, no es algo abstracto: atraviesa el estado, las ciudades, a las instituciones y a las comunidades. Como universidad confiada a la Compañía de Jesús, comprometida con la defensa de la dignidad humana, la justicia y la paz, [el ITESO] no puede ser indiferente: debe escuchar, formar, documentar y generar conocimiento útil”. 

Al dirigirse a las madres y familias buscadoras, Marcos del Rosario les dijo que “su lucha ha abierto caminos donde había silencio. Ninguna palabra institucional puede estar a la altura de su dolor. El ITESO está en disposición de ser un espacio de escucha, acompañamiento e incidencia”.  

Antes de explicar cómo se realizó el informe, Tania Reneaum mencionó que las universidades confiadas a la Compañía de Jesús “siempre han sido un puente entre los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil”. Dijo también que el informe “no sólo habla de este momento en México, sino de lo que ha venido pasando en los últimos 50 años”. Explicó que el documento fue una solicitud hecha en 2023 por los colectivos de búsqueda y recordó que ya se había realizado un ejercicio en 2016. “Once años después, vemos que hay grupos [de búsqueda de personas] en prácticamente todo el país, lo que nos habla de la dimensión del problema y la necesidad de organización”. 

El Informe sobre las desapariciones en México cuenta con siete capítulos: “La desaparición en México”, “Contexto de la desaparición en México”, “Prevención de la desaparición en México”, “El acceso a la justicia frente a la desaparición”, “Búsqueda de personas desaparecidas”, “Atención de las víctimas de desaparición en México” y “Procesos de memoria y verdad frente a la desaparición en México”, así como un apartado con conclusiones y recomendaciones. Cubre el periodo que va de 2018 a 2025, en el cual hubo un avance en la creación de instituciones, pero sin dejar de lado la información de los años anteriores a 2018. Para su armado se contó con fuentes primarias —víctimas, organizaciones de la sociedad civil, expertos en el tema, audiencias, informes previos— y secundarias —informes públicos de órganos estatales, documentos, investigaciones, etcétera—. “Si bien se ha avanzado en la estructura institucional, no siempre se ha avanzado en los resultados”, dijo Reneaum. 

Al tomar la palabra, Andrea Viviana Pochak dijo que la desaparición en el país “es un fenómeno generalizado e indiscriminado”. Mencionó que al armar el informe se contaba con una cifra oficial de 128 mil desaparecidos —“actualmente hay más de 130 mil”— y 70 mil restos forenses sin identificar. Esta crisis combinada, añadió, “es algo que no se ve en ningún otro país de la región”, algo que resulta todavía menos comprensible al tratarse México de un país con un gobierno democrático y no con una dictadura, como ha ocurrido históricamente en el continente a lo largo de la historia. En esa línea, explicó que el país pasó de un contexto de desaparición forzada —es decir, cometida por el Estado— entre 1965 y 1990, a una situación de desaparición de personas en la que el crimen organizado tiene un rol predominante con la complicidad, o por lo menos la aquiescencia, del Estado en todos sus órdenes de gobierno.  

Pochak explicó que el documento tiene “rigor técnico y jurídico con un objetivo político: queremos incidir y colaborar en la transformación de esta realidad”. También detalló que en el documento se habla del “derecho a buscar” que tienen las familias de las personas desaparecidas. “La búsqueda es una obligación del Estado, y este debe respetar el derecho de las víctimas a participar en la búsqueda y protegerlas, pero en ningún momento debe delegarles la responsabilidad”. 

La comisionada para México de la CIDH expuso que las 40 recomendaciones fueron recibidas por autoridades del gobierno de México durante la presentación en Ciudad de México y dijo que desde la comisión estarán dando seguimiento a su cumplimiento. Reconoció que las autoridades mostraron apertura y escucha, pero advirtió que “no somos ingenuos y no nos conformamos con palabras lindas. Nos recibieron, nos escucharon y vamos a monitorear el avance en el cumplimiento de las recomendaciones”. 

Posteriormente, en un breve encuentro con representantes de medios de comunicación, Pochak detalló que Jalisco es uno de los estados más afectados, con más de 15 mil personas desaparecidas. La comisionada dijo que casos como el del Rancho Izaguirre eran un ejemplo “altamente significativo de la complicidad estatal” en el fenómeno de la desaparición. Si bien el documento es riguroso jurídicamente y se abstiene de hacer algún señalamiento que corresponde a las autoridades judiciales, dijo que “sí somos enfáticos en señalar los procesos de impunidad. Casos como el rancho sólo pueden existir por algún nivel de complicidad de parte del Estado”. Finalmente, dijo que el Estado mexicano tiene un plazo de seis meses para comenzar a presentar avances en el cumplimiento de las recomendaciones que plantea el documento. 

El Informe sobre desapariciones en México puede consultarse de manera íntegra en https://ite.so/infocidh.